El último suspiro de la libertades públicas en Nicaragua

TEXT: Juan Daniel Treminio. Periodista, codirector de Coyuntura i actual escriptor acollit del PEN Català.
FOTO DE PORTADA: Nayira Valenzuela/ Agressió a periodistes que cobrien l’empresonament de Cristiana Chamorro

“Estoy orgulloso del periodista en que me he transformado a lo largo de este tiempo, y también orgulloso de ustedes, mis colegas, que están sufriendo la represión y a pesar de todo eso están informando”, expresó el galardonado periodista Octavio Enríquez, uno más de la veintena de reporteros independientes citados por la Fiscalía de Nicaragua, en una nueva arremetida que el Gobierno del Presidente Daniel Ortega y su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo, ha emprendido contra la libertad de prensa e información en el país, poniendo en constante monitoreo el electrocardiograma del periodismo y de las pocas libertades públicas que puedan quedar, en el año electoral más crucial de la historia reciente.

El país centroamericano sobrevive en medio de una prolongada crisis múltiple, que va desde los derechos humanos, las libertades públicas, la política, la salud y el Estado de Derecho, teniendo como uno de sus principales afectados a la débil libertad de prensa y de expresión.

Meses después de que Daniel Ortega retornara al poder, en el 2007, el mandatario le declaró la guerra al periodismo independiente y sus ataques y estrategias mediáticas iniciaron. Con muy pocas personas sabiéndolo, comenzaba entonces el apagón informativo más grande de la historia.

Ortega y su familia adquirieron medios y empresas de publicidad, una de ellas sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América por “difundir propaganda” del régimen.

Con la extensión de su tiempo en el poder, debido a la modificación de varios artículos de la Constitución y una estrategia de control absoluto en los Poderes del Estado, los bolsillos de la familia se llenaron de medios de comunicación, y los espacios periodísticos nacionales poco a poco quedaron en sus manos.

Dicha crisis se agudizó en el 2018 cuando las manifestaciones sociales en contra del régimen estallaron, resultando de ello al menos 328 personas asesinadas, unos 108,000 ciudadanos exiliados, la continuidad de la impunidad en el país y una ruptura total al Estado de Derecho, cómo lo han denunciado organizaciones como la CIDH y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos ante la ONU.

Desde entonces, la censura gubernamental ha imperado, limitando de todas las formas posibles el indispensable trabajo de periodistas y medios independientes. Confiscaciones de organizaciones y medios; limitaciones al derecho laboral; reporteros encarcelados y golpeados; prensa internacional agredida; centros de pensamiento y desarrollo periodístico obligados a cerrar; una nueva ola de periodistas exiliados; ciberacoso y ataques digitales; acceso nulo a fuentes estatales e información pública; y legislaciones para defender el trillado discurso del “golpe de Estado”.

Estos males y sus efectos son más latentes ahora, a solo cuatro meses de las elecciones presidenciales, en un contexto turbio y sin una aparente salida electoral.

Un sistema extralimitado

Como ha sido denunciado por organismos internacionales, el sistema represivo instaurado en Nicaragua pretende mantener en el poder, por cuarto periodo consecutivo, a los Ortega-Murillo, y para lograrlo dirigen una macabra persecución política, utilizando a la Policía Nacional, la Asamblea Legislativa y más recientemente a la Fiscalía de la República como gestores de sus maniobras.

Desde estas y otras instituciones del Estado, Ortega y Murillo han aprobado diversos mecanismos, sobre todo judiciales, para detener, interrogar, amedrentar, despojar y encarcelar a toda aquella persona que ose “traicionar a la patria o a la soberanía nacional”.

Con la implementación de la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, una de tantas, el régimen pretende extinguir las ya casi inexistentes organizaciones de sociedad civil, generando a su vez un bloqueo económico para el poco apoyo que reciben los medios y periodistas independientes que investigan e informan, en medio de un contexto cuya fórmula lleva represión y elecciones.

Esta misma legislación causó el cierre de las dos organizaciones con mayor prestigio en temas relacionados a los derechos de la libertad de prensa y expresión del país, el PEN Nicaragua (capítulo de PEN Internacional) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Ésta última, junto a su ex presidenta, la aspirante a la Presidencia de la República, Cristiana Chamorro, quien permanece detenida en su vivienda, son investigadas por un inverosímil delito de “lavado de dinero”.

A la pareja gobernante no le bastó con las confiscaciones y el despojo de 11 personerías jurídicas desde 2018.

Además de la “casa por cárcel” impuesta sin sentencia en contra de Cristiana Chamorro, el caso elaborado por la Fiscalía ha generado la detención de otros dos ex trabajadores de la clausurada fundación, los ciudadanos Walter Gómez Silva y Marco Antonio Fletes, cuyas familias denuncian no tener una prueba de vida. Esa misma investigación ha sido la excusa para interrogar a al menos 25 periodistas independientes en la “búsqueda de la verdad para los nicaragüenses”, como se cita en los comunicados del Ministerio Público.

La periodista de la cadena Univision, María Lilly Delgado, no solo fue una de las reporteras entrevistadas, sino que pasó de testigo a imputada tras salir de su citatorio. Delgado, al igual que otros ex colaboradores de la fundación investigada, invocaron el Artículo 34 de la Constitución Política, que establece el derecho a una tutela jurídica efectiva.

De dichos citatorios recordamos la amenaza latente de otra de las legislaciones aprobadas el año pasado: la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Varios de los periodistas al salir de la “entrevista” denunciaron que fiscales de la República los amenazaron con aplicar dicha regulación “por publicar noticias falsas”, considerando así los trabajos investigativos que denuncian la mala gestión y los crímenes cometidos por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, elaborados por varios de los citados.

“Ley Mordaza”, le llaman muchos. El régimen aún no informa quién será su primera víctima, pero la amenaza es latente, con más citatorios e intimidación para censurar al periodismo que se mantiene firme en medio de una adversidad sin precedentes.

Mientras tanto, una de las legislaciones favoritas del régimen es la 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, instrumento jurídico utilizado para detener a 24 de las 27 personas secuestradas en los últimos 40 días, quienes se suman a otros 130 presos políticos detenidos desde abril de 2018.

Entre los capturados recientemente se encuentran el periodista deportivo, crítico del Gobierno, Miguel Mendoza; Lesther Alemán, dirigente estudiantil; Dorá María Tellez, exguerrillera del Frente Sandinista; Suyen Barahona, presidenta del partido político UNAMOS; Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino y precandidato presidencial; entre otros.

“Traidores de la patria” les ha llamado el Presidente Ortega a los opositores detenidos de conformidad con la Ley 1055, entre ellos seis precandidatos a la Presidencia de la República, a quienes el mandatario acusó de “criminales”. “Ni precandidatos de su propio grupo, mucho menos que fuesen candidatos de una unidad que nunca existió”, fustigó Ortega en su última aparición pública el pasado 23 de junio.

Periodistas, políticos, empresarios, activistas, defensores y ciudadanía en general temen por su propia seguridad. Hasta la fecha no existe ningún centro de pensamiento crítico en el país, ni organismos legalmente inscritos que puedan monitorear, fiscalizar y velar por el funcionamiento de la sociedad y el respeto de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Es un estado de indefensión. Un contexto de represión extralimitado. Fuera de todo pronóstico.

El apagón informativo
En pleno 2021, cuando la pandemia nos empujó al mundo de la transformación digital, en Nicaragua los medios se ven estancados. En el corazón de la capital del país los canales de información masiva, tradicionalmente utilizados por la ciudadanía, están a un paso de la extinción.

A un par de calles de la vivienda de la pareja presidencial, que en realidad parece un bunker de guerra por los innumerables retenes y barricadas policiales a su alrededor, se encuentra la oficina del único canal de televisión de señal abierta que no le pertenece al Estado o a la familia Ortega-Murillo. Solo uno. Canal 10. Ese de las entrevistas y debates sobre la situación política y de derechos humanos del país. Cuyo jefe de prensa, Mauricio Madrigal, fue citado por la Fiscalía para llevar a cabo una “entrevista” en la cual se le insistió en comentar sobre si conocía o no la “Ley Mordaza”.

Al igual que un canal de televisión, el país cuenta solamente con una radio independiente de cobertura nacional, Radio Corporación, cuyo gerente y propietario, Fabio Gadea Mantilla, también fue citado por la Fiscalía. Además, solo un rotativo se distribuye en todo el territorio nacional: La Prensa. Gerentes, periodistas y editores de dicho medio se incluyeron en la lista de entrevistados por el Estado en la construcción del caso en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Pero junto a esos tres medios masivos se encuentran los que podríamos llamar los “faroles” de este turbio camino hacia la muerte democrática: los medios digitales independientes. Varios periodistas independientes, representando a diferentes medios, se presentaron en las citas emitidas por el Ministerio Público, recibiendo amenazas y más intimidación.

A pesar de ese esfuerzo informativo que se hace desde el ámbito digital, no se puede olvidar que Nicaragua se encuentra en el clúster de baja conectividad.

Aquel apagón informativo, del que algunos hablaban en 2007, cuando Ortega retornó al poder, fue denunciado por Miguel Mora, precandidato del Partido Restauración Democrática (PRD), poco antes de ser detenido por segunda ocasión en el pasado mes de junio. Dicho apagón podría consistir en el cierre o la censura total de los tres medios masivos que quedan, y el posible encarcelamiento de periodistas independientes para erradicar el trabajo digital. En cualquier momento puede suceder.

Noviembre: última oportunidad
Los comicios presidenciales se deben llevar a cabo el próximo 7 de noviembre. Es considerada por muchos la última oportunidad para resolver las múltiples crisis del país por medio del voto. Sin embargo, el proceso ya fue declarado fraudulento a priori por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien también denunció un claro rompimiento del orden constitucional en el país.

Aparentemente Daniel Ortega busca reelegirse para un cuarto mandato consecutivo, un hecho que podría o no confirmarse antes del 02 de agosto, fecha en la que finaliza el plazo de inscripción para las candidaturas a la Presidencia según el calendario electoral del Consejo Supremo Electoral (CSE). De ser así, esta sería la octava ocasión en la que el mandatario es proclamado como el candidato por parte del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Pero estas elecciones se ensombrecieron desde mayo, cuando una cuestionada reforma electoral fue aprobada por el oficialismo en la Asamblea Nacional, ignorando por completo las recomendaciones realizadas por organismos como la OEA. El CSE renovó a sus magistrados, pero el oficialismo lo volvió a plagar. Dos partidos políticos sin casilla, alegando excusas poco creíbles. Así va la contienda

En total son seis los aspirantes a la Presidencia que han sido detenidos por la Policía Nacional, de quienes se desconoce su estado. Todos hicieron pública su intención de inscribirse como precandidatos en el proceso interno que desarrolla el único partido político que queda con vida en la oposición, Ciudadanos por la Libertad (CxL). Para muchos ese fue el delito.

Algunos se preguntarán: ¿Elecciones con 27 presos electorales, 130 presos políticos, varias crisis y sin garantías mínimas? CxL dice que sí, valiéndose de ser el único canal electoral que queda para quienes exigen la renuncia de Daniel Ortega y su gabinete, en medio de otros 16 partidos políticos plegados al oficialismo.

A pesar de este contexto, y de la agobiante incertidumbre sobre lo que puede pasar, el periodismo independiente nicaragüense ha asumido los riesgos, recordando el acto humanitario que implica informar. Un valor que caracteriza al gremio a lo largo de la historia. Esta vez no será la excepción.

Renunciar a esta carrera no está en discusión. Se encontrará la forma de vencer la censura, sin quebrantar la ley o los principios del periodismo, identificando a las víctimas, documentando, investigando y denunciando.

Además de las elecciones, este año se conmemora el bicentenario de la independencia centroamericana, que recuerda el valor de juntar fuerzas, cerrar filas, sumar esfuerzos y fortalecer vínculos, sin importar el lugar. El periodismo seguirá, desde la clandestinidad o el exilio; en medios masivos o digitales; trayendo claridad a través de la información. Porque una vez que la verdad sale a flote, no se puede volver a ocultar.

Es el momento preciso para recordar las palabras del periodista Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas en Nicaragua: “Mientras haya una máquina de escribir, un papel, un micrófono, una plaza pública, un balcón o espacio para hablar, aunque sea en la celda de una cárcel, seguiremos denunciando a los inmorales, especialmente cuando trafican con la necesidad social de los más pobres. Ésa es la razón principal de nuestra existencia, como hombres, como periodistas y como ciudadanos”.